Por Maydany Salcedo realiza trabajo comunitario desde 1988, cuando inició la labor comunitaria en la antigua zona de despeje en San Vicente del Caguán con niños, niñas y jóvenes.
Maydany ha tenido que desplazarse desde su niñez: nació en Rioblanco, Tolima, pero buena parte de su infancia la vivió en San José del Guaviare con su abuela. También vivió en el Meta, Caquetá y Huila. Terminada la zona de despeje, Maydany y su familia, al igual que otras en el país, tuvieron que salir desplazadas. Además del desplazamiento, eran víctimas de estigmatización por el gobierno que tildaba a los niños y niñas nacidas en esos años como “hijos de guerrilleros”. Entonces, llegó a Neiva y comenzó a trabajar con la Fundación Nueva Esperanza junto a Gustavo Cañas, para el año 2002. Allí mismo conoció a Aidé Moreno, Nury Martínez y Everto Montes y constituyó ASFUAGRODH, desde donde comenzó a liderar la defensa de los derechos humanos.
Desde 2004 hace parte de FENSUAGRO, y en 2007 lideró la constitución de su filial SINTEOC, de los municipios de Milán, Solano, Solita y Valparaíso en Caquetá. Después, en 2012 nace Asimtracampic en juntanza con Marínela Moreno, Édison Díaz, Yaneth Londoño, Jader Díaz y Alberto quiñones, en representación de las comunidades de la parte baja del municipio de Piamonte, Cauca. Maydany es representante de Asintracampic hace diez años.
A lo largo de su trayectoria ha sufrido diferentes violaciones a sus derechos. Desde mayo del presente año, Maydany no cuenta con el vehículo de protección que la Unidad Nacional de Protección debe proveerle, a pesar de que es sujeto especial de protección y de que contaba con el esquema. La institución no ha dado respuesta positiva a la solicitud de asignación de otro vehículo o de reparación oportuna del que tenía, por lo que se ha visto obligada a recurrir a organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Paz & Reconciliación. Desde PARES, llamamos la atención con extrema urgencia a la Unidad Nacional de Protección a cargo de la Policía Nacional, y a todas las instancias del gobierno con competencia para ello, a brindarle a Maydany la protección necesaria para que pueda ejercer su labor social.
Reiteramos que el desacato a las medidas de protección especial por parte de las instituciones aumenta los riesgos que enfrentan los líderes y lideresas sociales por su labor de defensa de los DDHH. Recordamos el caso de Rodolfo Galvis, desaparecido en el Norte del Cauca hace nueve meses, tras la negativa de la UNP a proveerle la protección que requería. Desde PARES exhortamos al Estado a garantizar el derecho de todos los líderes y lideresas a defender los derechos humanos.