Francia Márquez Mina

Nació en Suárez, Cauca y es abogada de la Universidad Santiago de Cali. Francia Márquez inició su trabajo comunitario en la organización Proceso de Comunidades Negras en 1997 para fortalecer la lucha, a nivel regional, en contra de los impactos destructivos de la minería legal e ilegal. En su trabajo comunitario, ha destacado los impactos que tiene la minería sobre los ríos que son irreversiblemente contaminados por esta actividad, y afectados como elementos del patrimonio natural necesarios para la vida. Así, denunció la minería ilegal de oro que era realizada en el río Ovejas y se opuso al subsecuente desplazamiento de la comunidad que derivaba de las titulaciones para la explotación minera. Junto a la comunidad, lideró la puesta en marcha de una acción de tutela mediante la cual lograron que la Corte Constitucional revocara dichas titulaciones, con lo que se puso freno al desalojo de la población. Estas mismas motivaciones la han llevado a manifestar su apoyo a las luchas en contra de otras actividades de alta afectación ambiental en diferentes regiones. Por ejemplo, la lucha del movimiento Ríos Vivos en Ituango, que investigó los impactos y generó denuncias, en contra de la construcción de la represa Hidroituango. Pues allí, al igual que en el río Ovejas, la afectación al río Ituango condujo al desplazamiento forzoso de las personas.

Francia también fue representante del Consejo Comunitario de La Toma en 2014. Para entonces, su trayectoria de liderazgo ya era bastante visible a nivel regional, lo que la puso en la mira de amenazas. Probablemente, estas amenazas provenían de grupos armados financiados por la minería en el norte del Cauca que generaban las afectaciones socioambientales que Francia denunciaba. Como respuesta a estas amenazas, desde el Consejo Comunitario de La Toma, coordinó la organización de la ‘marcha de los turbantes’. Este era un llamado de atención al Estado para defender la actividad de los líderes y lideresas ambientales que, como ella, sufren violencias en todo el territorio nacional. “Salimos quince mujeres de Cauca, y llegamos ciento cincuenta a Bogotá”. Gracias a la ‘marcha de los turbantes’, el gobierno nacional se comprometió a la expulsión de las empresas mineras de la región.

Aunque mucho había recorrido ya en trabajo político, el nombre de Francia Márquez fue catapultado en la opinión pública a nivel nacional el 13 de marzo. Pues obtuvo una importante votación en las pasadas consultas internas para las candidaturas presidenciales, que tuvieron lugar dentro de las elecciones al Congreso de la República de 2022. Llegó a la consulta con el Pacto Histórico y obtuvo una votación de 783.160 votos, con los que fue la tercera candidata más votada a nivel nacional. Dentro del Pacto Histórico, la candidatura de Francia Márquez se apoyaba en el partido Polo Democrático y en el movimiento social Soy Porque Somos, que ella lidera. La filosofía de Soy Porque Somos implica la sanación de las relaciones entre todos los seres y en comunidad, para la reproducción de la vida. Esta sanación es contraria a los modelos económicos extractivos que, por un lado, conllevan a violencias en contra del territorio y de las poblaciones, como las que Francia ha denunciado y, por otro, han sido favorecidos e impulsados por los últimos gobiernos del país. En varias declaraciones, Francia Márquez ha explicado que los modelos económicos bajo los que Colombia ha sido gobernada son opuestos a la vida porque se sustentan en la opresión patriarcal, el capitalismo salvaje y el racismo. Esta postura teórica parte, principalmente, de la experiencia de vida de Francia Márquez y de su relacionamiento tanto con el patrimonio natural como con su familia y comunidad.

En contraste con ese modelo, que guaría el plan de gobierno de algunos de los candidatos oficiales a la presidencia, como precandidata presidencial, Márquez planteaba el fin del hambre a través del fomento de la economía campesina, la agricultura familiar y la distribución equitativa de las tierras productivas. Otra de sus banderas era el fin de la guerra, a partir de reformas a la fuerza pública, la reanudación de los diálogos con el ELN y la implementación integral del Acuerdo de Paz, de cuyos diálogos participó como líder de las víctimas del conflicto armado interno. Finalmente, proponía un plan de gobierno construido en juntanza desde la inclusión social, pues es defensora de los derechos humanos de las mujeres, poblaciones LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales.

Su activismo ha sido reconocido también a nivel internacional mediante premios como el Goldman Environmental en 2018, y el premio Joan Alsina de Derechos Humanos en 2019. “¿Yo soy una defensora de derechos humanos? Yo quería vivir mi vida, ser actriz o cantante, pero no podía en medio de tanta violencia”. También, este año, participó de la COP26 en Glasgow para denunciar las violencias que sufren en Colombia los líderes y lideresas ambientales, y su relación con las actividades económicas legales e ilegales. Su actual vínculo con el Pacto Histórico, su trayectoria en defensa de los derechos humanos y del patrimonio natural, la fuerza de su movimiento por hacer escuchar la voz de las mujeres, las negras, las “nadie”, como se han autodenominado, le pronostica un creciente respaldo social que podría llevarla a cargos públicos en favor de las poblaciones más vulneradas, el cuidado del ambiente, y la reproducción de la vida.